Mucha seguridad y pocas nueces. Ese podría ser el lema actual de Ciccone Calcográfica, la empresa que quedó en el centro de la polémica por sus supuestos vínculos con Amado Boudou. Desde que los nuevos dueños se hicieron cargo de la empresa, en junio último, la fábrica está totalmente parada. Los empleados van, pero por ahora no tienen proyectos a los cuales dedicarse.
PERFIL visitó la planta que la firma tiene en la localidad bonaerense de Don Torcuato, sobre la colectora de la Panamericana. La imagen es la de un predio con poco movimiento, pero con una fuerte presencia de seguridad. No se ve activa, pero el lugar parece preparado para ponerse en marcha en cualquier momento.
De hecho, desde que Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro de Boudou, sacó a la firma de la quiebra, los empleados recibieron la promesa de que los motores se iban a poner en marcha. Primero les dijeron que luego de las elecciones; después, que en enero. Los contratos que se esperaban eran dos: la realización de billetes de cien pesos (operación que el Banco Central ya aprobó) y de las chapas de las patentes. Por ahora, no obstante, nada suena en la fábrica.
“Nosotros estamos esperando, queremos preservar la fuente de trabajo”, se limitaron a decir unos empleados a la salida de la planta. Prefieren no hablar y saben que la empresa quedó en una situación de incertidumbre. Según pudo averiguar PERFIL, a Vandenbroele no se lo conoce por el predio. “El que pone la cara es este Lanusse (por Máximo Lanusse, un ex ejecutivo del Grupo Macro, que es el segundo en la firma)”, relató una fuente con contactos en la empresa.
Según las fuentes consultadas, en la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), como se renombró a la empresa, trabajan unas 230 personas, de los cuales 160 son trabajadores de planta. El sueldo promedio está en torno a los 6.500 pesos. Eso quiere decir que la empresa, mes a mes, gasta alrededor de un millón y medio de pesos en sueldos. Eso, sin contar los puestos gerenciales. “Está claro que a pesar de no producir, no hay faltante de caja”, afirmó, con sorpresa, una de las fuentes consultadas.
Desde la empresa negaron la posibilidad de ingresar a la fábrica, bajo el argumento de que se dedican a realizar cuestiones vinculadas a la seguridad. “Ni los de administración entran a la planta”, explicaron. Además, rechazaron hacer declaraciones: “El directorio decidió que no tiene que realizar ningún descargo”.
Mientras tanto, la empresa viene recibiendo inspecciones técnicas. Hace unas semanas, especialistas de la Casa de la Moneda se presentaron para analizar la viabilidad de realizar el contrato por los billetes de cien pesos. La semana última, estaba prevista una inspección de personal del Banco Central, pero se postergó para el martes próximo, a raíz del escándalo desatado.
A pesar del parate, en los últimos meses hubo movimiento en la planta. Se realizaron refacciones para poner la empresa a punto. Sobre todo, se hicieron trabajos en torno del sistema de control y seguridad. Se contrató más personal de vigilancia y se colocaron más cámaras de seguridad. Además, se compraron aires acondicionados y se realizó un comedor nuevo, que era un reclamo histórico de los empleados.
Gabriel Ziblat
El denunciante Jorge Orlando Pacífico, quien se presentó el viernes a ratificar su denuncia contra los viejos y nuevos dueños de Ciccone Calcográfica habló con PERFIL y contó el origen de la denuncia que quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide y generó una disputa judicial por la investigación del caso que involucra al vicepresidente Amado Boudou.
Pacífico contó que en abril de 2011, se presentó ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y de Contrabando (Ufico) para denunciar lo que había escuchado en el café Tribunales Plaza, entre las calles Talcahuano y Tucumán. Según relató a este diario, el hombre, veterano de Malvinas y trabajador del ámbito judicial, escuchó a tres hombres “ufanarse de las comisiones que se habían llevado por un arreglo”. “Decían que a través del juzgado que manejó la quiebra de Ciccone, la AFIP había permitido que The Old Fund se quedara con la imprenta Ciccone”, dijo. “Hablaban de facilidades de cuotas para levantar la quiebra. Uno de ellos era abogado, le decían doctor, y otro reclamaba una comisión por la gestión. Al que reclamaba lo pude ver cuando se levantó al baño, al resto no”, contó Pacífico. “nunca escuché que hablaran de Boudou”, aclaró.
“El fiscal de la Ufico inició una investigación preliminar y pidió informes a la AFIP sobre la quiebra de Ciccone, pero se negaban a darle información. Como no podía avanzar, me pidió que hiciera la denuncia ante un juzgado, ya que a un juez, la AFIP no podía negarle información. Hice la denuncia en el fuero Penal Tributario, pero el fiscal archivó la denuncia. En diciembre, fui y los denuncié ante el fuero penal.”
